El 19 de mayo se conocerá la versión definitiva del documento entregado ayer al Gobierno por la Comisión de Reforma a la Justicia, encabezada por el ex magistrado José Alejandro Bonivento.
Entre las propuestas de mayor impacto está la modificación al sistema de selección del Fiscal, el cual sería elegido por el Presidente de la República de un grupo de seis candidatos presentados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En la actualidad es el alto tribunal el que lo escoge de una terna propuesta por el Ejecutivo.
Una de las reformas trascendentales es el restablecimiento del Ministerio de Justicia, que estaría encargado de formular políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y la política criminal. Además, actuaría como órgano de interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial. Frente a este punto, el Ministro del Interior, Fabio Valencia, manifestó la disposición política del Gobierno para independizar los ministerios.
La Comisión propone que la CSJ dirima los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la justicia ordinaria.
Similitudes con el Gobierno
El borrador contempla coincidencias con planteamientos presentados por el Gobierno, uno de ellos es la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura.
No obstante, Valencia aseguró que "no presentó ninguna agenda temática preestablecida, ni intervino en la selección de las personas que integraron la Comisión".
Para los expertos lo más conveniente es que este se transforme en el Consejo de Administración de la Rama Judicial, que será integrado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Con ellos estarán otros tres miembros elegidos por cada tribunal.
Dentro del Consejo se crearía una Dirección General de la Administración Judicial, de índole técnica y ejecutiva con funciones de planeación, recursos humanos, presupuesto, etc.
La iniciativa no fue de buen recibo en este organismo. Su presidente, Eduardo Torres, consideró que el documento no solo desconoce el bienestar de los ciudadanos que es el propósito de la Justicia sino que tiene intereses burocráticos.
El borrador también establece los 70 años como la edad de retiro forzoso para los magistrados de las altas cortes. También amplía su periodo de servicio a 12 años.
Fuente: www.elcolombiano.com.co, 13 de abril de 2010
